La mesa de expertos y empresarios organizada por la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) celebrada en Planes bajo el título de ‘Efectos socio-económicos de la COVID-19 en el ámbito rural’, coincidieron en la necesidad de crear un nuevo marco fiscal diferenciador y normativo específico para el ámbito rural, que dote de reglas diferentes tanto a los ayuntamientos rurales como para las empresas.
Los expertos y empresarios invitados comentaron que las reglas no pueden ser uniformes porque las circunstancias son diferentes y el interior de la provincia necesita normas específicas que incentive la fijación de población, la capacidad de atracción de profesionales cualificados del ámbito urbano y la creación nuevas empresas de diferentes sectores. Además, es importante la dotación de servicios públicos en materia de servicios públicos básicos educativos, culturales y sociales, además de políticas activas de acceso a la vivienda.
En este sentido, el presidente de UEPAL, Juan José Sellés, considera que “hay que estar preparado para responder a los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la excelente calidad de vida del mundo rural”, y añadió que “es el momento de aprovechar los fondos europeos para lograr igualar el ámbito rural y el urbano en derechos digitales”.
En la mesa participaron Francisco Javier Sendra, alcalde de Planes y diputado de emergencias; José Antonio Trigueros, presidente del Observatorio Económico de la Provincia de Alicante; Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja-Alicante; Germán Corredor, presidente de la Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Observatorio Económico de la provincia de Alicante; Quino Palací, presidente de Jovempa-Alcoi; Antonio Martínez Puche, director del máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial de la UA; Alberto Lorente, presidente del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana; Yolanda Fuster, gerente de IPYC Ingenieros; Francisco Llopis, director de Estudios de Ineca; y Vicente Seguí, director de Gestión del Polígono Industrial de Las Atalayas.
La Mesa consideró que los ayuntamientos en el ámbito rural no tienen recursos suficientes para crear políticas propias de incentivos, y son las administraciones superiores las que deben cubrir esas acciones. También ocurre con las normas legales en materia de suelo, inversiones o desarrollo, que faciliten la implantación de industrias con criterios diferenciados con respectos a las áreas urbanas.
Agricultura de interior
Los expertos también señalaron la importancia de la agricultura, no sólo como actividad económica, sino elemento de preservación del paisaje y de defensa del medio ambiente. Todos concluyeron en las dificultades del sector, pero coincidieron en la necesidad de que se debe trabajar en productos diferenciados, accesibilidad a los mercados y mejora de la rentabilidad de las explotaciones. También se apuntó en establecer un plan específico de actuaciones para la agricultura de secano, que pueda paliar su déficit de competitividad con respecto a la agricultura de regadío.
Los expertos invitados señalaron que hay que valorar cuestiones como la comercialización, la compensación medioambiental, y la entrada de recursos al agricultor para poder sostener el modelo del territorio rural.
La reunión se desarrolló respetando las medidas de seguridad correspondientes a las exigencias sanitarias por motivo de la COVID-19.
